Cadena de mentiras, trampas e influyentismo derrumban a ARCO

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Una nueva cadena de mentiras, actos ilegales e influyentismo, desenmascaran a la empresa de la familia de la Vega Arizpe, quienes planificaron la construcción de dos gasolineras ARCO, una clausurada y otra en proceso de clausura, creyendo que ganarían definitivamente el amparo, interpuesto en el 2017, contra el Reglamento de Desarrollo Urbano y Uso de Suelo. 

La empresa se valió de todo: contrató inmoralmente los servicios del abogado fiscalista Iván Antonio Pérez Ruiz, cuando era funcionario municipal en el año 2017, un personaje muy allegado al alcalde Armando Cabada. 

En la licencia de Uso de Suelo aparece el nombre del entonces director de Centros Comunitarios como parte del staff de litigantes al servicio de ARCO. También aparecen Felipe Pérez Villanueva, Jesús Alberto Calderón Olivas y Mónica Anahí Méndez Sáenz, 

El abogado fiscalista de la familia de la Vega, Iván Pérez, es investigado por un órgano de la PGR y por el SAT debido a actos de extorsión a empresarios juarenses en colusión con funcionarios de Hacienda. 

Pérez Ruiz, al ser enterado por los empleados del SAT que algún empresario va a ser auditado, los visita, ofrece sus servicios y propone, mediante cobros millonarios, ‘arreglar’ el problema ante el Sistema de Administración Tributaria.

Es más que evidente que la familia de La Vega, incurrió en un abierto tráfico de influencias al contar con su abogado de lujo; Pérez Ruiz fungía como juez y parte al ostentar un cargo público en la administración de Armando Cabada. 

Todas las licencias expedidas por el municipio para la construcción de 9 gasolineras, invocan los instrumentos judiciales que obtuvo Arco ante la justicia federal. Fue así como construyeron y anunciaron pomposamente la expansión en un evento celebrado en esta frontera.

El Diario de Juárez recogió las declaraciones de Leo Girón, director de Marketing de la empresa ARCO que, hasta hace unos días se creía, vendía la marca exclusiva de las gasolinas que produce ‘Marathon Petroleum Corporation’.

Una información confirmada por la empresa Carvel y por Pemex, revelan que ARCO ha estado mintiendo y sus gasolinas son adquiridas en Petróleos Mexicanos. 

De acuerdo a información obtenida en el Juzgado Séptimo de Distrito, la coalición de gasolineras de las empresas BipGas, Total Gas, Gaspro, Gasomex, Servicio Cuatro Caminos, Administración de Gasolina Norponiente y Grupo Gopalvi, no emprendieron la acción legal únicamente contra la empresa ARCO, sino contra todas las estaciones de servicio del mismo ramo que no acaten el Reglamento de Desarrollo Urbano impugnado por la familia de La Vega ante un tribunal judicial en el 2017 y que utilizaron para construir ilegalmente sus gasolineras. 

La revisión al amparo, ganado por la familia de La Vega fue interpuesto en el año 2018 por las siete empresas que unieron su lucha jurídica contra el abuso de ARCO que se engolosinó creyendo que el documento judicial emitido por el Juzgado Quinto de Distrito, en medio de muchas irregularidades del juez, sería eterno.

En la aplicación del reglamento de Desarrollo Urbano, ARCO de la familia de La Vega, no es la única afectada. En enero del 2019, por un amparo similar, fue suspendida la operación de la empresa HGas, ubicada en un centro comercial conocido como Tres Torres. 

La empresa HGas, paradójicamente, incumplió el reglamento, al no respetar los metros de distancia con una gasolinera ARCO. En este momento, la moderna estación de servicio, está clausurada.

En los mismos términos, dos estaciones de servicio de BipGas no han podido abrir por restricciones del reglamento. Sucedió lo mismo con una gasolinera de Oxxo, la autoridad municipal les negó el permiso de construcción.

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