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Analizan regidores sanciones por impedir inspecciones de Protección Civil

Regidores de la Comisión Edilicia de Hacienda revisaron este día el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2027, con una propuesta para establecer multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes impidan las inspecciones de la Dirección de Protección Civil.

El regidor y coordinador de la Comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, explicó que durante la reunión se revisó una reserva relacionada con el incremento de la sanción, que actualmente contempla 50 UMAs y que se propone elevar hasta 500 cuando no se permita el acceso de la autoridad a un inmueble para una inspección.

Indicó que el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez expuso la necesidad de fortalecer estas medidas, debido a que la dependencia tiene una función preventiva cuyo propósito es reducir riesgos y salvaguardar la integridad y la vida de las personas.

Los integrantes de la Comisión, regidora Karla Michaeel Escalante Rodríguez, así como los ediles, Laura Fernanda Ávalos Medina, Antonio Domínguez Alderete y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, consideraron que la sanción debe establecerse hasta por 500 UMA, de manera que exista un rango que permita a la autoridad determinar el monto conforme a las circunstancias de cada caso.

Además, acordaron trabajar en lineamientos que definan los parámetros para aplicar estas multas, tomando en cuenta las disposiciones constitucionales que establecen que las sanciones deben contemplar un margen de valoración y no ser cantidades fijas.

Durante esta misma reunión se revisó una solicitud de la Oficialía Mayor para autorizar la enajenación de bienes municipales que ya no se encuentran en condiciones de uso.

En este caso se trata principalmente de entre 18 mil y 20 mil luminarias consideradas chatarra, cuya venta podría generar una recuperación cercana a los 266 mil pesos.

También se contempla la enajenación de mobiliario deteriorado, como sillas, mesas y cajoneras, con una recaudación estimada de 80 mil pesos.

Explicó que estos bienes ocupan espacios sin representar actualmente una utilidad para el Municipio, por lo que consideraron conveniente llevar a cabo el procedimiento correspondiente para recuperar parte de su valor y destinar esos recursos a otras necesidades.

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